Además de reclamar la receta digital y mayores controles, Santiago Ballesta solicitó que se aplique la ley 8912 de zonificación para tratar de establecer qué es urbano y qué es rural.
por Sebastián Plaza
BALCARCE (Corresponsal).- El administrador de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes y Afines Bonaerense (Cedasaba), Santiago Ballesta, expresó que estamos ante “la problemática que la ley de agroquímicos que se encuentra vigente cumplió 29 años”.
En diálogo con LA CAPITAL Campo, Ballesta resaltó la necesidad de que se apruebe una nueva ley de agroquímicos -que ya tuvo media sanción en el Senado- que fuera presentada hace dos años y que todavía está tratando la Cámara de Diputados.
El profesional brindó la charla “Estado de situación sobre legislación en materia de productos fitosanitarios” en la sede de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Balcarce.
En ese marco, reconoció que la legislación está “totalmente desactualizada”. A tal punto que en el año 1988 “no había computadoras e impresoras de ni ningún tipo como existe ahora. Por eso dice que las recetas agronómicas deben llenarse a mano, con puño y letra del ingeniero agrónomo y en triplicado”.
Tecnología y buenas prácticas, en avance
La realidad es que la tecnología y las buenas prácticas agrícolas avanzaron muchísimo en nuestro país y la legislación no acompañó esos cambios, por eso desde asociaciones y cámaras de productores, profesionales y aplicadores le están solicitando al Ministerio de Agroindustria mayor fiscalización.
El representante de la Cedasabe hizo hincapié en la necesidad de que se incorporen recetas digitales y controles en zonas periurbanas. También que se aplique la ley 8912 de zonificación para tratar de establecer qué es urbano y qué es rural. “En la parte rural suelen no haber problemas, más allá de alguna escuela rural. Sin embargo, en las zonas periurbanas no queda claro hasta dónde se pueden hacer aplicaciones y hasta donde no, por eso lo tienen que determinar cada uno de los municipios”, enfatizó.
A su vez, manifestó que en treinta años los municipios no habían tenido nada que ver con los agroquímicos pero ahora “sí van a tener que determinar ciertas zonas de aplicación de productos”.
Riesgos
“Los agroquímicos, como un elemento sensible, conllevan a que en algunos casos se emprendan situaciones peligrosas y otras más inocuas aunque hay que tener en cuenta siempre que es un producto de cuidado”, reflexionó el administrador.
En tanto, consideró que las fábricas y las importadoras están controladas por el Senasa. También que los productos llegan al comercio vendedor correctamente tapados y con un precinto para luego ser trasladados al campo.
“Cuando comienza a tener riesgo el producto es cuando se libera en el ambiente. Tenemos la temperatura, el viento, la presión atmosférica, la presión relativa y la capacitación de los empleados que la están utilizando que influyen a la hora de la aplicación”, indicó.
Por ello, resaltó que es importante la seguridad para los operarios pero también para aquel que está paseando en un auto por un camino y lo fumigaron sin querer. O sea, que “los asperjaron por no haber tenido en cuenta en esos momentos la velocidad y dirección que tenía el viento. Lo mismo sucede con las escuelas que se encuentran en zonas rurales que a veces tienen que soportar la fumigación a 100, 200 ó 500 metros”.
Ordenanzas
Ballesta mencionó que a falta de una ley provincial o nacional actualizada, los municipios comenzaron a crear ordenanzas para tratar de responder a las preocupaciones de “doña Rosa”, los concejales, el intendente o las directoras de las escuelas rurales. “Elaboran ordenanzas, donde la mayoría de las veces las hacen en forma acelerada ante la presión de los medios e impulsadas por personas que no tienen los conocimientos técnicos o tecnológicos”, aseguró con preocupación. Asimismo, vislumbró algunos puntos favorables de este Gobierno que intenta modificar cosas pero le falta le herramienta fundamental que es una ley acorde a sus circunstancias.
“Hay un proyecto de ley presentado en la Provincia que para nosotros está muy bueno porque contempla todas las actualizaciones que hay que realizar pero, por el otro lado, tenemos que insistir con el gobierno provincial que el control debe estar en la aplicación”, argumentó.
El camarista indicó que “de nada sirven todos los controles a comercios y depósitos sino vigilamos al aplicador cuando está abriendo y asperjando. Ese es el momento de realizar los controles”.
Y agregó que “el Gobierno provincial sigue con la idea de pescar en la pecera como decimos nosotros como es exigir a los vendedores siendo que los que lo liberan son los aplicadores”.